El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, en una comparecencia ante el Parlamento.
En el último año y medio,el Gobierno Vasco ha inspeccionado 16.779 viviendas protegidas. Como resultado de la acción de los inspectores, cuya plantilla va a reforzar, el ejecutivo de Lakua ha impuesto 106 sanciones por un importe total de 240.747 euros, lo que supone una media de 2.271 euros por adjudicatario que ha infringido la normativa. La mayor multa se la llevó un adjudicatario de VPO que no habitaba la casa y que la ofertaba para alquiler turístico y que deberá pagar 11.500 euros.
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