El Gobierno, dentro del paquete de medidas urgentes en el ámbito económico y de la salud, aprobado por el Consejo de Ministros y en el que se incluye una prórroga de 4 años para proteger a los desahuciados, ha acordado excepcionar a la Sareb de la norma que se exige a todas las sociedades mercantiles de capital y que obliga a su disolución cuando el patrimonio neto en inferior a la mitad del capital social.
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