El Defensor del Pueblo Andaluz investiga supuestas irregularidades en una promoción de viviendas de protección oficial de alquiler con opción a compra en Sevilla. Un total de 230 familias con baja renta alquilaron estos pisos atraídos por la opción de compra a los 25 años y, ocho años después, se encuentran con que esa posibilidad no existía porque el documento no fue visado, como marca la ley, por parte de la promotora privada que compró en 2003 los suelos a la Gerencia de Urbanismo por 3,1 millones de euros con el compromiso de levantar estas viviendas conforme al Real Decreto 1/2002.
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