El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016, para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda, la última ley de vivienda de Cataluña, que contempla medidas como que los grandes tenedores ocupen “efectivamente” las viviendas que tengan vacías y sancionarles con 1.000 euros al mes.
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