La Generalitat de Cataluña ha aprobado un Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Se obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad antes de interponer una demanda judicial. Al igual que lo hiciera Euskadi hace más de una década, establece que las VPO mantendrán su calificación de forma permanente y limita las ayudas los incentivos al alquiler a quienes cobren por debajo del índice de referencia.
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