El levantamiento por parte del Constitucional en febrero de la suspensión de varios artículos de dos leyes catalanas de emergencia habitacional recurridos por el Estado y que afectaban a la obligación de los grandes tenedores a ofrecer una alternativa habitacional antes de ejecutar un desahucio ha hecho posible que 1.268 familias catalanas hayan podido optar a un alquiler social adaptado a sus rentas.
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