Baleares aplica la Ley de Costas y da un plazo de 8 días para desalojar las viviendas del puerto de Fornells

Las edificaciones desalojadas en el puerto de Fornells se destinarán a uso público.

Los titulares de las concesiones de viviendas del puerto de Fornells tienen un plazo de ocho días para desalojar las viviendas, tras vencer el periodo de 30 años a partir de la aprobación de la Ley de Costas para la extinción de la concesión.

Día 31 de octubre se ha reunido el Consejo de Administración de Puertos de las Islas Baleares, donde entre otras cuestiones, se ha aprobado la declaración de la extinción por el desahucio administrativo de la concesión de las viviendas situadas en la C / Gobernador Fornells. Esto supone, la tramitación final del procedimiento iniciado por Puertos de las Islas Baleares en cumplimiento de la Ley de Costas de 1988.

Cabe recordar que la Ley de Costas de 1988 prevé que todas las concesiones administrativas anteriores a su aprobación tendrán un plazo de vigencia máximo de treinta años; esto supone que finalizaron el pasado mes de julio de 2018.

En este sentido, se citó a los concesionarios para tramitar el acta de reversión voluntaria de las viviendas. En el caso de Fornells, ningún titular optó por la reversión voluntaria. Es por ello, que con la aprobación de la extinción del desahucio administrativo de la concesión administrativa se requiere a los titulares, en el plazo máximo de ocho días, a contar desde el día siguiente a la notificación del Acuerdo, el desalojo del inmueble.

Cabe recordar, que en el caso de Portocolom, todos los titulares de las concesiones administrativas han manifestado finalmente su voluntad de entregar las llaves.

En el Consejo de Administración ha ratificado el acto de reversión de dos de las concesiones de Portocolom, lo que permite poder modificar el cambio de titular en el catastro.

Los inmuebles recuperados por el dominio público se destinarán a usos públicos de interés general portuario o por usos de otras administraciones que lo soliciten, como es el caso del Consejo de Mallorca que ha propuesto a PortsIB de convertir uno de los inmuebles de Portocolom.

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