El sector de los pisos turísticos de Barcelona ha presentado reclamaciones patrimoniales a la Generalitat de Cataluña, la mayoría a través de la asociación Apartur, por valor de más de 4.280 millones de euros a causa del Decreto Ley 3/2023, que prevé la eliminación de las licencias de viviendas de uso turístico tanto en la capital catalana como en el resto de comarcas. El alcalde socialista de Barcelona anunció que se acogerá a ese decreto para no renovar ninguna licencia.
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